El próximo lunes, 29 de abril, se celebrará, a partir de las ocho de la tarde, pleno ordinario en el Ayuntamiento de Martos, una sesión en la que además de diversos asuntos de carácter económico, se abordará la propuesta de aprobación definitiva del Plan Parcial de Ordenación del sector I-PO, SUB_S I1 del PGOU de Martos, promovido por el Ayuntamiento a instancia de Polígono Olivarero Marteño, S.L. “La aprobación de este punto supone un avance importante para la creación de ese suelo industrial tan demandado y necesario para la instalación de nuevas empresas en Martos”, ha declarado el Primer Teniente de Alcalde, Francisco Miranda, ya que “con este trámite el ayuntamiento culmina todas las actuaciones municipales para dotarnos de ese suelo industrial tan necesario”.
La actualización del Plan de medidas antifraude también se abordará en el pleno “un trámite necesario para poder concurrir al nuevo marco europeo y captar recursos y financiación”. Miranda ha recordado que el Plan de Medidas Antifraude (PMA) contempla como elemento central del Sistema Antifraude la creación de un Comité que se reúna, al menos, una vez al año, y cuya función, entre otras, es diseñar la Política Antifraude y las medidas que permitan prevenir, detectar, corregir y perseguir cualquier intento de fraude en relación con la gestión de fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Del mismo modo destaca entre los puntos del orden del día una propuesta para solicitar la cesión al Ayuntamiento de Martos de las travesías que son de titularidad autonómica. En concreto se propone solicitar a la Delegación Territorial de Fomento y Articulación del Territorio, la cesión de la antigua N-321 (es decir, desde la salida de autovía A-73 – rotonda de distribución A-316 hasta la glorieta de la Diosa Atenea, hoy denominada en toda su longitud Avda. de Europa) así como la antigua J-213 en la actualidad calle Ramón y Cajal desde la rotonda de distribución de Avda. Europa hasta el paso a nivel que cruza la Vía Verde del Aceite
Para ello se establece como condicionante que la administración autonómica realice las actuaciones necesarias de mejora y adaptación a vías urbanas que sean necesarias.
